LA LAICIDAD EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS

(Si alguien dispone de más información puede hacérnosla llegar)

Este trabajo se ha realizado con las dificultades de la diversidad de sistemas de promoción de los programas, en algunos casos no se ha localizado nada en los programas y en alguno ni se ha localizado programa alguno.

El orden de los partidos no significa nada, si bien se han puesto en primer lugar los que dicen algo y al final hemos puesto a los que no hemos podido localizar compromiso alguno. Se han hecho búsquedas por los conceptos: laicidad, aconfesionalidad, religión, art. 16 de la Constitución.

Finalmente se ha respetado el idioma original en que hemos encontrado el programa:

Programa PSOE
Programa IU
Programa UPYD
Programa ERC
Programa IC-EiUA
Programa CiU
Programa PP
Programa PNV
Programa AMAIUR
Programa EQUO

Programa PSOE

2.6 Reformas para profundizar en la laicidad del Estado español

La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad positiva.

En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones.

Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos individuales y la democracia.

La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este terreno proponemos las siguientes medidas:

*Aseguraremos la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso.

* Suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica y al principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento a fin eliminar este injustificado privilegio.

Programa IU

8. LAICISMO

El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.

Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Se ignora así la libertad de convicciones de libre elección, limitando las creencias o convicciones a las que tienen un carácter religioso.

Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, el Acuerdo base del 1976, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, en la educación, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas…, negando el principio de separación entre Iglesias y Estado.

Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos como más relevantes lo siguiente:
• Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27 para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público educativo.
• Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 y del Concordato de 1953.
• Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa de 1980 y elaboración de una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia” que proteja, sin distinciones ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza religiosa o de cualquiera otra naturaleza.
• Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas y sus correspondientes asociaciones. Son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deben contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Se suprimirá del IRPF la financiación de la iglesia católica. El patrimonio religioso de interés cultural o histórico artístico, que sea restaurado con fondos públicos, deberá ser afectado al uso público.
• Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y espacios de titularidad pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario,
centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier confesión religiosa.
• Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión, reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc.
• Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales.
• Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos por lo que la enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que, de forma inmediata, quede fuera del horario lectivo.
• No existirá financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión o segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos con ideario propio ya sean de carácter religioso o de cualquier otra naturaleza ideológica

Programa UPYD

2.4 – Estado laico

20 – El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.

Programa ERC

Laïcitat: convivència i respecte a la llibertat de consciència. Des de la perspectiva dels valors republicans que fonamenten les societats democràtiques, el laïcisme és el concepte igualitarista que permet el respecte a totes les creences, tant religioses com no religioses, sense establir cap tipus de privilegis ni de preeminència d’una sobre les altres. La laïcitat no és una posició agnòstica o atea, sinó neutral. Ha de ser l’espai comú de trobada de totes les religions i creences, d’agnòstics i ateus. I des de la pràctica política, això significa atorgar el mateix valor i els mateixos drets a totes les religions i persones siguin catòliques, musulmanes, jueves, atees, budistes, testimonis de Jehovà, mormones, agnòstiques o atees.

Des d’aquest punt de vista, la laïcitat nega la pretensió excloent de qualsevol religió de tenir el monopoli social o educatiu en un territori determinat o la voluntat de mantenir les prebendes que històricament han adquirit, entre elles, les educatives.

La Llei d’Educació segueix mantenint la religió com una assignatura dogmàtica en el marc de l’educació obligatòria amb un professorat i uns continguts determinats per la pròpia Església Catòlica, confonent els termes i l’espai on s’ha de desenvolupar la formació religiosa. El dret a la formació religiosa ha de ser escrupolosament garantit, però en el marc de cadascuna de les confessions. Perquè fer-ho en el marc de l’educació formal i en horari lectiu estableix un privilegi i nega el dret dels pares agnòstics, ateus o d’altres confessions a rebre la formació d’acord amb el seu pensament. Així mateix, en l’educació reglada els continguts que es donen o que s’haurien de donar són científics, els continguts dogmàtics de fe han de tenir un altre espai.

La formació religiosa, pel respecte que mereix, no pot ser considerada una assignatura més, d’aquelles que s’ensenya per temes, es memoritza, s’examina i, fins i tot, es copia per aprovar. La formació religiosa s’ha de produir en les esglésies, en les mesquites o en l’espai que cada culte decideixi, però no en el marc de l’educació institucional reglada.

D’altra banda, fruit d’una herència històrica -mantinguda pel nacionalcatolicisme-, símbols i ritus religiosos estan presents en cerimònies institucionals, com els funerals d’Estat o la presa de possessió dels ministres. La neutralitat de l’Estat no és compatible amb la presència dels símbols religiosos en els llocs públics destinats a l’exercici de les funcions pròpies de la comunitat política com ara oficines, escoles, tribunals, hospitals o presons.

Així mateix, l’Estat no pot establir cap tipus de discriminació positiva en la legislació, com fa la Llei de subvencions o l’IRPF, ni atorgar-li a membres de les confessions responsabilitats de carácter públic oficial, com fer de notaris públics (p.e. en casaments o en inscripció de béns).

En aquest sentit, les confessions s’han d’autofinançar, sense que això sigui obstacle perquè l’Estat subvencioni de manera finalista les activitats o funcions socials que puguin realitzar organitzacions religioses com Càrites, de la mateixa manera que es realitza amb les organitzacions laiques.

PROPOSTES
• Impulsar una Llei de consciència, que superi l’actual marc de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa, per reconèixer la igualtat de creients i no creients, tot garantint la llibertat i pluralitat de creences i no creences i la neutralitat estatal.
• Fer les modificacions legals oportunes per eliminar de l’ordenament jurídic qualsevol tipus d’acció o de discriminació positives per motius religiosos o de promoció per part de les institucions i serveis públics de qualsevol confessió o acció religiosa per qualsevol mitjà.
• Crear una Comissió parlamentària per estudiar aquestes mesures, establir mecanismes que n’assegurin el compliment i, si s’escau, proposar noves mesures per donar compliment a l’aconfessionalitat de l’Estat.
• Demanar al Govern de l’Estat que revisi els Acords entre la Santa Seu i l’Estat espanyol, del 1979, que estableixen privilegis religiosos i obliguen a oferir religió catòlica en l’educació reglada; i, si fos necessari, demanar també a l’Estat que revisi els acords subscrits l’any 1992 amb federacions d’entitats representatives, respectivament, de les confessions evangèlica, islàmica i jueva.
• Autofinançament de les confessions. La cooperació amb elles es basarà en un model transparent i per projectes. És a dir, no hi haurà una assignació global, sinó presentant projectes com fan les associacions o ONG, i després justificant la seva despesa.
• Adoptar les mesures legals oportunes per complir amb el dret d’abandonar la confessió pròpia (reconegut a l’article 2 de l’actual Llei orgànica de llibertat religiosa) sense cap tipus de condicionament. En aquest sentit, el compliment d’aquest dret inclou que el seu exercici abasti totes les instàncies d’aquesta confessió en què figuri la persona que ho demana. Així mateix, s’haurà de garantir el compliment de l’article 16 de la Llei Orgànica de Protecció de dades. En aquest sentit, es vetllarà pel compliment del termini establert, així com el bloqueig de les dades en els termes establerts en la pròpia llei.
• Impulsar la reforma de la legislació per tal que els nostres governs formin part dels òrgans d’àmbit estatal que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’entitats religioses, i en especial en el Consejo Asesor de Libertad Religiosa.
• Impulsar la reforma de la legislació que ha de determinar la participació territorial en la gestió del Registre d’Entitats Religioses en relació amb les entitats que acompleixen la seva activitat en cadascun dels territoris, per tal de permetre el màxim poder de decisió als nostres governs,tot proposant d’entrada la descentralització del Registre i la seva gestió exclusiva per part dels governs autònoms, que haurien de comunicar a l’Estat les inscripcions efectuades.

Programa IC-EiUA

24. Aprovar un pla integral per la laïcitat i la convivencia democràtica, destinat a garantir la igualtat de tracte a totes les creences i opcions de consciència i eliminar el tracte privilegiat de l??Església catòlica (ensenyament de la religió, privilegis fiscals, finançament especial, presencia en actes públics institucionals…).

Eix de laïcitat i llibertats personals
Situació actual i balanç
A Espanya s’arrossega una legislació que, si bé declara la llibertat de consciència i l’aconfessionalitat de l’Estat, manté els privilegis de l’Església Catòlica en l’esfera pública (actes institucionals, simbologies,…), amb en el seu finançament amb diner públic i la seva influència en l’educació a través de les seves escoles I de la presència de la formació religiosa en les públiques. L’aconfessionalitat de l’Estat i la igualtat de tracte que mereixen totes les opcions de pensament són, doncs, més teoria que pràctica. Per això ICV-EUiA ha considerat que calia abordar aquest tema amb decisió i repensar les relacions entre l’Estat i les esglésies, des dels principis bàsics d’igualtat, llibertat i pluralisme.
D’acord amb els seus compromisos programàtics, en aquesta legislatura ICVEUiA ha presentat nombroses iniciatives parlamentàries com són: el Projecte de Llei de Llibertat ideològica, religiosa I de culte i el Projecte de la Llei reguladora dels drets de la persona davant del procès final de la vida, que han estat rebutjades. Posterior al debat de l’Estat de la Nació, una Resolució sobre l’autofinançament de les confessions religioses i una proposició no de llei sobre les declaracions de Ratzinger sobre l’ús del preservatiu, també rebutjada.
En el Senat s’han formulat nombroses preguntes sobre les dues visites del Papa, el finançament directe derivat de la recaptació de l’IRPF i l’indirecte a través dels professors de religió, de les escoles confessionals, dels capellans castrenses, de les obres socials, de l’atenció sanitària, dels actes culturals I litúrgics , etc així com una moció per debatre les immatriculacions , és a dir el llistat de totes les propietats registrades per l’Església catòlica en tota Espanya a partir de la llei Hipotecària, reformada pel govern Aznar, on s´ha equiparat l’autoritat eclesiàstica a la pública per a la seva certificació. Totes elles han quedat sense resposta.
Cal afegir l’incompliment per part del Govern d’aprovar una nova llei de llibertat de religiosa i de consciència i el tracte, impropi d’un estat aconfessional, que ha donat al Papa en les dues visites a Espanya, tant pel que fa als aspectes institucionals com al l’ús de diner públic de manera directa o indirecta com són els descomptes fiscals d’un 80% a les empreses finançadores.
Per tot això considerem, un cop més, que és imprescindible revisar tota la legislació i la filosofia que l’inspira per tal de deixar enrere una etapa de “llibertat religiosa amb privilegis per l’Església Catòlica”, com tenim ara, per una etapa de “llibertat ideològica, religiosa, de consciència i pensament”, respectuosa amb el conjunt de la ciutadania, amb un Estat laic que vol dir neutral en matèria religiosa i alhora bel•ligerant en la defensa I promoció dels valors comuns que són la base de la convivència.
Objectius i propostes
Sobre la laïcitat
La laïcitat ha de ser el principi que regeixi la convivència ciutadana, que impulsi la construcció d’un espai públic fonamentat en les drets humans, en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions filosòfiques i religioses personals. Recordem que la laïcitat no propicia la ignorància del fet religiós, sinó que el contempla en una formació humanística integral que inclou la història, la filosofia, l’art o la ciència.
Un Estat laic no és un Estat multiconfessional, sinó un Estat neutral en matèria religiosa, que no privilegia cap confessió, que promou una llibertat real de culte, i que respecta per igual totes les opcions de consciència religioses i no religioses.
Per anar cap a una societat laica cal fer un salt qualitatiu en la garantia de la llibertat de consciència, cal repensar la legislació vigent i les relacions entre l’Estat i les diverses esglésies. Això vol dir que l’Església Catòlica haurà de relacionar-se amb l’Estat en igualtat amb les altres confessions i al mateix rang que les associacions civils i altres expressions de l’ideari de la ciutadania. Caldrà que el sistema espanyol accepti la creixent diversitat de cultes i opcions de vida des del respecte a la llibertat de consciència i oferint-los un tracte igualitari. Així doncs, es fa imprescindible una sèrie de reformes per a tal efecte.
Reforma de la legislació de l’Estat: aconfessionalitat
581. Reforma de la Constitució Espanyola: ICV-EUiA entén que l’Estat ha de cooperar amb l’Església catòlica de la mateixa manera que amb altres confessions i opcions de pensament no religiós. En cap moment aquesta cooperació ha de significar una subvenció ni cap tipus d’impuls a cap confessió en concret, sinó una relació de respecte. L’Estat no ha d’oferir privilegis. Per això proposem la supressió de l’Església Catòlica en l’article 16.3 de la Constitució Espanyola (“3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’Església Catòlica i les altres confessions”). Així mateix l’article 27.3 de la CE diu: “Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions.”
Aquest article, no obliga a que el lloc de formació específica sigui l’escola ni a pagar amb diners públics professors de religió. D’aquesta manera, entenem que l’escola ha d’oferir una educació per a la convivència ciutadana i que la formació religiosa o moral haurà de trobar-se en entitats privades o bé, per a qualsevol confessió, als llocs de culte.
582. Reforma de la Llei Orgànica 7/1980 sobre llibertat religiosa. És una llei sobre llibertat religiosa no equitativa, ja que fa menció expressa de l’Església Catòlica, i a més exclou altres formes de pensament no religiós. Aquesta demanda, formalitzada per ICV-EUiA amb una proposta de llei al Congrés dels Diputats, ha de garantir:
• Impedir el finançament especial i no voluntari de les esglésies o comunitats religioses
• Donar el mateix règim tributari o de benefici fiscal a totes les entitats o associacions no lucratives ( que hagin estat declarades d’interès públic )
• Preservar el dret dels menors a no ser adoctrinats en els centres de formació públics i concertats, tot suprimint l’assignatura de religió del currículum
• Ampliar l’àmbit d’aplicació de la llei de llibertat religiosa a la llibertat de pensament o de consciència, entenent la llibertat religiosa com un aspecte o modalitat d’aquella
• Garantir la igualtat en el tractament de l’exercici d’aquestes llibertats, superant l’actual inequitat entre les conviccions religioses (i de manera privilegiada la confessió catòlica) i les d’altres tipus.
• Suprimir l’existència d’un Registre específic per a les entitats o associacions religioses.
• Separar el matrimoni civil del religiós
• Fer esment especial de la prohibició dels símbols religiosos i l’assistència a actes confessionals dels representants públics en l’exercici de les seves funcions.
I totes les altres qüestions que garanteixen l’exercici del dret de llibertat de consciència en l’àmbit privat individual i la utilització respectuosa de l’espai públic per a les seves manifestacions col•lectives.
Igualtat entre opcions de consciència:
583. Derogació dels Acords amb la Santa Seu (1976, 1979). Aquest Estat no confessional ha de garantir la igualtat de tracte amb totes les religions i no pot subvencionar-ne ni potenciar-ne cap. En aquest sentit, són inadmissibles els Acords amb la Santa Seu de 1976 i 1979. És necessària la derogació d’aquests pactes clarament anticonstitucionals (es feren abans de l’aprovació de la Constitució).
La relació entre l’Estat Espanyol i l’Església Catòlica no pot ser un pacte bilateral que resulta en un tractat internacional: Aquesta relació ha de fer-se en el mateix marc que la resta de confessions, com a conveni amb la Conferència Episcopal Espanyola mitjançant el règim de la legislació ordinària.
Per això exigim la derogació dels “Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, de 1979:
• Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos
• Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos
• Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos
• Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos culturales.
Aquests acords van ser signats amb les Corts dissoltes i pocs dies després d’aprovada la Constitució del 78, i que signifiquen la continuació i actualització dels acords de l’any 1953.”
584. Així mateix també és necessària la supressió del “Acuerdo entre elEstado Español y la Santa Sede sobre renuncia a la presentación de obispos y al privilegio del fuero” de 1976, per a que la separació Església – Estat sigui absoluta i no limitada pels acords bilaterals. Finalment cal la regulació de les relacions entre l’Estat i l’Església Catòlica mitjançant procediments ordinaris.
585. Actes públics: L’Església Catòlica no pot seguir estant present en les esferes d’abast públic i responsabilitat estatal. Les dues visites del Papa han estat el paradigma de tot allò que els representants públics no han de fer en un estat democràtic i laic. Els representants de les Administracions Públiques han de garantir un tracte igualitari i respectuós cap a totes les tendències ideològiques i religioses. Haurien d’evitar, doncs, qualsevol vincle amb cap creença o entitat en particular, i la participació en cap celebració d’una confessió específica. Els nostres representants han de demostrar una conducta ètica i oberta, i en cap cas demostrar privilegis específics.Per això cal l’elaboració i aplicació a tots els nivells de govern i administració d’un codi de conducta realment aconfessional.
586. La monarquia. Les cerimònies de la monarquia es deuen a la Constitució i, per tant, cal que s’efectuïn com a actes civils. En aquest sentit, la reivindicació és la mateixa que la que ocupa els càrrecs electes. Volem que l’Estat Espanyol i el seu cap, el rei, renunciïn als privilegis mutus que encara es concedeixen amb la Santa Seu. És l’exemple dels acords preconstitucionals de 1976, avui en vigència, que estipulen:
“3) La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice”. (Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976).
Cap tractat amb la Santa Seu ha d’atorgar privilegis d’aquest tipus, atenint-nos a l’aconfessionalitat i la igualtat, àmpliament exposades en aquesta argumentació. Alhora, cap legislació prèvia a la democràcia pot tenir vigència dins d’aquesta. Exigim, doncs, la immediata supressió d’aquest acord i la renúncia expressa per part del rei.
587. L’exèrcit. L’Exèrcit pertany a l’Estat i, per tant, cal introduir-hi els elements d’aconfessionalitat que li pertoquen. No s’hi poden acceptar ritus religiosos dins les seves activitats i ni atorgar-los llocs de culte específics. L’assistència religiosa, en cas de ser demanada, haurà de preveure’s en cas d’urgència (guerra, conflictes a l’estranger) i de forma pluriconfessional i humanista. Cal, com hem dit abans) suprimir el vicariat general castrense, amb la derogació dels acords de 1976 i 1979 entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assistència religiosa a les forces armades i servei militar de clergues i religiosos. Per això exigim unes forces armades i exercit aconfessionals.
588. La simbologia: Cap organisme de caràcter públic pot seguir demostrant una vinculació amb l’Església Catòlica mantenint els símbols religiosos. Aquests han de desaparèixer d’escoles, hospitals, ajuntaments, jutjats, o qualsevol altre centre de l’Administració Pública. Alhora, la possibilitat de que la en presa de possessió dels càrrecs públics hi hagi símbols religiosos és una mostra inacceptable de confusió entre Església i Estat que no es pot permetre. Els càrrecs públics hauran de pronunciar-se davant dels símbols de l’Estat.
Finançament
El fet religiós ha de ser subvencionat per la part de la societat que professa el culte i que voluntàriament desitja potenciar la seva realització. Essent una forma d’entendre la vida, l’Administració Pública no hi pot interferir, i, en conseqüència, no ho pot subvencionar.
589. Cal l’eliminació de la casella “església catòlica” a la Declaració de l’IRPF, ja que aquesta perpetua un privilegi, no ajuda a la separació Església/Estat i evidencia una injustícia envers la resta de confessions i ideologies.
590. Cal que l’Església Catòlica deixi de rebre el subsidi de 2.120 milions d’euros per part de l’Estat, que és pagat per creients i no creients, ja que l’Estat dóna els diners per avançat i independentment de quanta gent hagi marcat la casella a l’IRPF.
591. Cal que l’Església Catòlica pagui els impostos que pertoquen a l’Estat. El “Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos” allibera l’Església Catòlica dels impostos sobre la renda, de l’impost de societats, de l’impost sobre transmissions i sobre donacions.
592. Cal també que l’Església Catòlica pagui als Ajuntaments els tributs locals: El mateix tractat de 1979 li permet no pagar l’IBI.
593. Cal que l’Església Catòlica deixi de rebre beneficis fiscals: o Utilitzant el paraigües d’entitat d’utilitat pública, les associacions catòliques tenen assignats certs beneficis (per tractat internacional), mentre que la majoria d’associacions civils no poden gaudir-ne. o Estableix privilegi de tracte pel que fa a possibles deutes tributaris.
A ICV-EUiA creiem que cal impedir el finançament especial i no voluntari de les esglésies o comunitats religioses per part dels ciutadans de Catalunya i de l’Estat, i que cal donar el mateix règim tributari o de benefici fiscal a totes les entitats o associacions no lucratives d’interès públic.
Per evitar els privilegis esmentats:
• Exigim, de nou: la derogació del “Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos”.
• Exigim: que el finançament de l’església catòlica en regeixi per la legislació ordinària i no es permetin privilegis.
• Exigim: un tracte fiscal igual entre associacions i entitats, siguin o no religioses
• Exigim: que s’eviti en qualsevol cas un finançament involuntari de l’església per part dels ciutadans.
• Exigim: que desaparegui d’immediat l’esmentada casella de l’IRPF.
• Exigim la revisió de totes les inscripcions a nom de l’Església Catòlica de propietats sense titular fetes utilitzant l’article 206 de la llei Hipotecària, on s’equipara l’autoritat eclesiàstica a l’autoritat pública.
Sobre llibertats personals
El ciutadà queda vinculat a l’Estat mitjançant tot un seguit de drets i deures. Donat el caràcter aconfessional de l’Estat, cap dret ni cap deure del ciutadà quedarà en relació amb la seva opció de pensament. D’aquesta manera tampoc cap legislació paral•lela a la Estatal ha de poder regular la vida dels ciutadans, ja que és tan sols aquesta la que es deriva del fet democràtic.
Tot ciutadà té dret a no expressar les seves preferències ideològiques ni religioses: “Art. 16 CE: Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences”.
594. Classes de religió. Cap estudiant o família haurà de pronunciar-se sobre la seva opció de consciència. Així doncs, no serà possible enfrontar l’estudiant a la tria entre religió o ètica. Les classes rebudes haurien de ser per a la creació del ciutadà culte i lliure, i les seves opcions en el terreny ideològic i religiós formarien part de l’esfera privada. Cal, així, preservar el dret dels menors a no ser adoctrinats en els centres de formació públics i concertats.
595. L’apostasia. La llibertat de consciència suposa la no obligació de la persona envers cap pensament. D’aquesta manera, qualsevol persona té el dret a canviar de culte, religió o ideologia. En aquest sentit, cal exigir que les persones batejades i, per tant, inscrites a l’Església Catòlica, i que desitgin renunciar als drets i privilegis que els atorga tal vincle, puguin fer-ho. Cap judici de l’Església Catòlica els ha de donar o denegar aquest permís, sinó que el ciutadà té dret a deixar de constar com a inscrit en una institució tant bon punt ho decideixi i ho comuniqui.
596. El matrimoni. El lloc ordinari per a la celebració d’aquest acte ha de ser l’ajuntament o el jutjat, deixant oberta la possibilitat de que els fidels complementin el matrimoni civil amb unes núpcies al seu lloc de culte. Els conflictes en aquests afers han de ser competència exclusiva dels tribunals de l’Estat, i no pot tenir validesa la jurisdicció canònica.
597. Despenalització de l’eutanàsia. En una societat plural cal donar pas al dret a decidir en les qüestions relacionades amb la dignitat i l’autonomia personal d’acord amb les pròpies conviccions. Per això:
• Cal impulsar la despenalització de l’eutanàsia promulgant una llei reguladora del dret de les persones en el procés final de la vida. El desig d’una bona mort no pressuposa una sola concepció d’aquest fet sinó, com les opcions de vida són diverses també ho poden ser les de la mort. Una bona mort és la coherència de la vida aplicada a la mort.
• Cal adequar tanatoris i cementiris per a la celebració digna de cerimònies civils o religioses de totes les creences.
598. Educació.
Un dels elements més importants per a aconseguir la llibertat de pensament, ideologia i culte és, sens dubte, una escola i educació superior creadores d’una societat lliure, plural i oberta. L’Educació ha de ser, doncs, plenament lliure d’influències religioses. Aquesta afirmació, però, entra en plena contradicció amb la realitat:
El “Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales” estableix de forma obligada la ingerència de l’Església Catòlica en els afers educatius. D’aquesta manera, és impossible la creació de l’Escola pública i laica. La religió formarà part de l’educació. A més, els representants democràticament escollits no tenen poder per a fixar qui haurà de donar les classes de religió, amb quins criteris ni qui els escull, com tampoc poden dictar sobre el pagament d’aquests. A aquests professors, a més, se’ls dota de poder dins l’escola: “Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros.”
Per tant, novament, es fa necessari exigir la derogació del “Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales”
ICV-EUiA entén que l’escola pública no pot admetre intromissions. Qualsevol centre educatiu finançat amb fons públics s’hauria de mantenir regit pels mateixos criteris d’aconfessionalitat, llibertat, igualtat i pluralitat que inspiren la legislació. Aquesta exigència, a més, també va dirigida als centres concertats, ja que aquests reben diners de l’Estat. L’educació religiosa o moral de qualsevol tipus pot ser donada en hores extraescolars, mai obligatòries ni premiades, i mai finançades amb diner públic.
Revocar l’acord del PSOE amb la Conferència episcopal pel que fa a l’Educació per a la Ciutadania: en el debat sobre aquesta assignatura, que ha portat a declaracions delirants de la C. Episcopal i també de la FERE, com proposar a les families “ l’objecció de consciència”. El PSOE ha cedit i permet als centres concertats l’adaptació dels continguts de l’assignatura a l’ideari . Cal tornar al’Educació per a la Ciutadania el seu caràcter inicial de formació per a la convivència democràtica I cívica, sense exclusions.
599. Els mitjans de comunicació públics: L’últim punt a esmentar respecte a les llibertats de ciutadania, és el dret a la informació veraç i plural. Els mitjans de comunicació públics són, de fet, un servei públic i, com a tal, es deuen a l’Estat. D’aquesta manera, ICV-EUiA entén que haurien de demostrar el seu caràcter aconfessional i no mantenir espais reservats per a certes confessions religioses. De nou, és l’acord de 1979 entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre ensenyança i assumptes culturals el document que manté inamovible aquest privilegi.