En los primeros días de diciembre de 2012 hemos conocido el 2º Borrador de la LOMCE que pretende resolver todos los males de nuestro sistema educativo y colocar de nuevo la calidad como eje emblemático de esta nueva reforma educativa. Como docente ya alejado de las aulas de Secundaria desde 2010 ya no tengo que juzgar esta ley desde la trinchera ni desde la indignación de lo inmediato, sino que puedo colocarme a cierta distancia crítica de esta nueva norma legal y tratar de pensar en el trasfondo ideológico que creo percibir en ella.

En la historia de la Europa medieval hubo un lema francés que siempre me ha gustado por su simplicidad y rotundidad. La católica Francia del Medievo expresó muy bien cuál era el proyecto político y cultural de la monarquía francesa y, por extensión, de todas las monarquías católicas de la época. La frase francesa era “Un roi, une loi, une foi”  (un rey, una ley y una fe) y su significado fue destruido y su legitimidad revocada en el Edicto de Nantes de 1598 que puso fin a las guerras civiles entre protestantes (hugonotes) y católicos y que duraron todo el siglo XVI.

En el caso español no tenemos una frase de este estilo, pero a lo largo del siglo XX, por no retroceder a épocas anteriores, ha habido frases emblemáticas que han significado el enaltecimiento de una triste mixtificación.  Los que hemos nacido bajo la dictadura franquista sabemos que la escuela en la que nos educamos, retratada magistralmente en el libro “El florido pensil”, se decía con frecuencia que España era “Una, grande y libre” y que el hombre era “portador de valores eternos”. Estas y otras lindezas constituyen el núcleo de la educación nacional-católica, una burda amalgama de formación política denominada entonces “Formación del Espíritu Nacional” y de la “Religión y Moral católica”. Estas dos materias nos adoctrinaron o lo intentaron hacer durante los grises años del franquismo a todos los niños y niñas de España. Pero con muchos de nosotros no lo consiguieron, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas.

En diciembre de 2012 un señor Ministro de Educación llamado José Ignacio Wert, palabra que en alemán significa “valor”,  ha tenido la osadía, que no el valor moral, de plantear un proyecto de ley denominado LOMCE, que vuelve a los mismos principios de la escuela del nacionalcatolicismo: unidad uniformizadora, segregación por razón de dinero y género, privilegios inadmisibles para la Iglesia católica y mercantilización general del derecho a la educación. Y uno se pregunta asombrado si estamos retrocediendo en el tiempo o es que los políticos del PP ya no viven en el presente sino que están anclados en el pasado más reaccionario de nuestro país.

Me interesa destacar solamente un punto de enorme retroceso en este proyecto de ley educativa. Me refiero a la alternativa que han impuesto los obispos en la enseñanza pública de una alternativa en 4º de la ESO a la religión y moral católica. Sus eminencias episcopales, no contentas con que la religión esté presente en todas las etapas y en todos los cursos de la Primaria y de Secundaria, han conseguido que el monaguillo del MEC haya introducido la alternativa de los “Valores éticos” como opción obligatoria y evaluable para todos los que no desean asistir a la clase de religión. Para los que llevamos años militando en organizaciones laicistas y estamos convencidos de que la laicidad es la única salida posible al hecho multicultural de nuestro país, es un gravísimo error y una injerencia inadmisible de la jerarquía católica en un Estado aconfesional y laico como el español.

Más allá de las posiciones morales y religiosas que cada cual pueda sostener, lo que es intolerable es que se cree una obligación jurídica y una prescripción curricular en torno a los valores éticos para aquellos alumnos que optan por no recibir enseñanza de religión y moral católica. Esta normativa es totalmente errónea desde varios puntos de vista.

En primer lugar, desde la filosofía moral que preconiza una formación ética común para todos los seres humanos basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese código ético universalizable se encuentra ya un patrimonio común para todos los seres humanos, basado en la igual dignidad, en su racionalidad y en sus derechos y libertades fundamentales. La religión no se debe oponer bajo ningún concepto a esa fuente universal de moralidad y de dignidad humana; por eso, filosóficamente es un error la posición sostenida por el episcopado español en ese punto.

En segundo lugar, desde el punto de vista pedagógico es otro error  configurar en el ámbito educativo dos grupos de alumnos que reciben valores morales distintos y en muchas ocasiones contrapuestos. Los profesores de religión y moral católica están en la educación pública gracias a un nombramiento episcopal y realizan según la Iglesia católica una “missio canonica”, aunque les paga el Estado. Es decir, su status es bastante especial desde todos los puntos de vista. No tienen libertad  de cátedra, tienen que adoctrinar al alumnado, deben catequizarlo y están obligados a seguir la doctrina oficial de la Iglesia; de lo contrario, como se ha visto en numerosos casos, pueden ver rescindidos sus contratos laborales, ya que no son funcionarios públicos. Por lo tanto, enseñan en sus clases de moral católica unos valores morales que en muchos casos son incompatibles con la libertad exigida en los Derechos Humanos.

Por último y yendo al fondo de este problema que es político y jurídico, cabe preguntarse por qué se mantiene la clase de religión en su versión confesional en las escuelas e institutos públicos de toda España cuando nuestro ordenamiento constitucional afirma que el Estado en España es aconfesional. En una sociedad multicultural como la española, en la que existe un pluralismo cultural, moral y religioso en las aulas y fuera de ellas, es ya hora de que se revisen los Acuerdos entre el Estado español y el Estado Vaticano y no se siga considerando el status de la asignatura de Religión católica como equivalente a las asignaturas fundamentales del curriculum, porque sencillamente no lo es; además, esos Acuerdos de 1979 son un claro ejemplo del mantenimiento de ciertos  privilegios a la Iglesia católica, algo que es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución (Artículo 16.3).

Luis María Cifuentes, Catedrático de Filosofía

Enero 2013