La Delegación del Gobierno ha prohibido por cuarta vez conse­cutiva la celebración de la marcha atea que te­nía previsto discurrir la tarde del Jueves Santo por el barrio de Lavapiés, en el distrito de Centro. Los responsables de es­te departamento, una vez más, han alegado problemas de orden público y las procesiones que habrá, por las cercanías al itinerario elegi­do por los organizadores.

La marcha atea había sido solicitada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, aunque la convocaban además de los firmantes, el Grupo Volia y Albatros-FAI. Tenía previsto salir a las ocho de la tarde por Lava­piés con el fin de “sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, libertad de ex­presión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado, exigiendo también que se de­vuelva a los ciudadanos la Mez­quita de Córdoba” y había estudiado con detenimiento no concurrir con ninguna procesión católica.

La Delegación ha resuelto que existe una vulneración real del orden público con ries­go para las personas y los bie­nes públicos y privados.

Una vez más cumplimos el principal objetivo, que no es otro que demostrar que en Semana Santa la Iglesia Católica es propietaria de todos los espacios públicos, incluida la calle. España no es un Estado aconfesional, y los privilegios de la Iglesia Católica, defendidos a cal y canto por el Gobierno, incumplen los requisitos mínimos de un Estado democrático.

Son variopintos los argumentos desarrollados por la Delegación del Gobierno, pero destaca la posible alteración del orden público.

AMAL y el resto de los convocantes han demostrado en todas las ocasiones su apuesta por el desarrollo pacífico de todas sus manifestaciones y el respeto a las creencias, centrando sus reivindicaciones en la crítica a las instituciones religiosas, por lo que es de achacar a los grupos fanáticos religiosos la potencial alteración del orden público. Entendemos que son las fuerzas de orden público, que tan eficazmente actúan en todas las ocasiones, las que deben controlar a esos colectivos fundamentalistas.

De nuevo recurriremos al Tribunal Superior de Justicia, que con un corta y pega le dará la razón a la Delegación del Gobierno, pero esta vez como un paso previo y obligado para recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL)
Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés
Grupos Anarquistas Volia y Albatros (FAI)