Recientemente se ha reavivado el debate de la financiación —que no la existencia— de la educación segregada, entendida como aquella que separa por sexo. Es cierto que este tipo de educación es común en países como Alemania o EE.UU., y que muchas generaciones de españoles se “educaron” así. Es cierto que niños y niñas maduran, por lo general, de manera diferente. Es cierto que la UNESCO no condena la educación segregada y también es cierto que unos pocos estudios le han encontrado, por fin, ciertas ventajas pedagógicas. También es cierto que otros estudios no parecen haber encontrado tal beneficio pero sí han constatado los problemas de integración y de desarrollo socio-afectivo que conlleva, así como el impacto en la igualdad de género, no sólo en los directamente afectados, sino en toda la sociedad.
Segregue un niño con sus impuestos
Comunicado de Associació Valenciana d’Ateus i lliurepensadors, AVALL
Cientos de miles de niños han de ser segregados al año.
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En un reciente artículo de Gabriela Cañas, se equipara esta segregación por sexo con otra condición, la raza: “nadie osaría a segregar a los alumnos blancos, negros o latinos”, afirma. Bien dicho. El sexo y la raza vienen generalmente vinculados en los mismos artículos en la declaración universal de derechos humanos y las constituciones de muchos países. Nadie osaría, aunque exista evidencia —y esta vez rotundamente científica— de que los asiáticos tienen, por lo general, mejor rendimiento académico, y que podrían aprovechar mejor sus capacidades si no se mezclaran con blancos, negros o latinos. Igualmente, los alumnos negros y magrebíes deberían segregarse del resto en la asignatura de educación física porque, como todo el mundo sabe, son los que copan el medallero en atletismo. Que nadie se ofenda. Estamos en el siglo XXI. Quizás, quien no perciba la ironía es porque se ha visto obligado a pervertir las palabras: en el caso de los colegios ‘sexistas’ no puede llamarse segregación, mientras que en el caso de los colegios ‘racistas’ hemos de aplicar los peores calificativos, pues es, a todas luces, un planteamiento aberrante, que ni la más repugnante escoria neonazi osaría.
Así que, tristemente, el debate hoy en día no parece deambular en si las aberraciones se permiten o no, sino cuáles, y si además hemos de pagarlas con nuestros impuestos. Existe, de hecho, otra condición humana que la declaración universal de derechos humanos y las constituciones de muchos países han colocado también al mismo nivel que la raza y el sexo. Se trata de las creencias o ideologías particulares. Pero nadie puede ser discriminado por su raza, sexo, creencia —o falta de ella—, ideología u otra condición. ¡Y esto incluye a los niños! ¡Nadie osaría!
La realidad es, deplorablemente, muy distinta. Desde hace ya lustros, el Estado Español segrega nuestros niños a partir de los tres años. A diferencia de la educación sexista, no se trata de una “opción personal”, un “ejercicio de libertad de educación”, que soflaman algunos, sino que es una segregación para todos los niños, obligatoriamente. ¿Quién osaría a tal aberración, a tal barbaridad, a tal esperpento? ¿Con quién hemos topado? Veamos, pues la lista no deja de crecer: La Iglesia Católica Apostólica y Romana, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, el Consejo de la Iglesia Evangélica Española y la Federación de Comunidades Judías de España. A sus órdenes y para su gloria y disfrute, en la mayoría de colegios de este país, en todos los públicos, en muchos concertados y en muchos privados, los niños se segregan durante una o dos horas a la semana, de los 3 a los 16 años.
Así pues, la mayoría de colegios de este país no son ni racistas ni sexistas, son “religionistas”. Cuando la segregación no ha comenzado ya por la elección y el ideario del colegio, tenemos que unos son llevados a una u otra “asignatura de religión” —y aquí hay para varios gustos, según colegio y zona geográfica— mientras otros son apartados a “alternativa”, duplicando aulas y profesores, con un coste estimado de unos 250 millones de euros al año, sólo en la educación pública. La “alternativa” es una especie de rincón de pensar institucionalizado, que condena a sus alumnos a “actividades sin aprovechamiento académico”, y que, con un sarcasmo sublime, han venido a denominar “Debida Atención Educativa”. Además, como los niños nacen agnósticos y se resisten a cambiar su condición, se les segrega por las creencias de sus padres, porque éstos sabrán colocarlos en el ghetto correcto. Un terrible —y caro— esperpento. Ésta es, en definitiva, la aberrante realidad de un país “aconfesional”. Así que, ¿segregar por raza, sexo o religión? ¿Y, en tiempo de crisis, con dinero público? No osarían, osan.
Cientos de miles de niños son segregados todos los años.
El coste económico asciende a 250 millones de euros al año.
Los adoctrinadores los pagas tú con tus impuestos pero los eligen ellos, sin ningún control público.
Millones de horas lectivas se pierden en el país de la OCDE con mayor fracaso académico.
¡Por la abolición de la segregación religionista!
La religión, a las iglesias, sinagogas y mezquitas.
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