BARBARIDADES EPISCOPALES
Las declaraciones de dos arzobispos resultan incomprensibles para muchos cristianos.
Las declaraciones veraniegas de dos prelados me han resultado, desde una óptica cristiana, verdaderas barbaridades ("palabras incomprensibles" en etimología griega). El arzobispo de Madrid, señor Rouco Varela, ha censurado al alcalde de esta ciudad, señor Ruiz Gallardón, que casara a una pareja gay por ser inaceptable para el prelado cumplir la ley civil que da derecho a contraer estado legal de casado a todo ciudadano, según prevé el artículo 31.2 de la Constitución. La doctrina vaticana confunde ley divina, ley natural y la discutible opinión de su Curia al considerar la unión homosexual antinatural pese a ser una opción más de la naturaleza humana. Como lo antinatural no puede ser humano, el homosexual es tachado implícitamente de inhumano y no puede sentir amor ni casarse por él, porque su unión sería mera sexualidad infecunda, sin el atenuante vaticano de un mal menor en favor de la especie. Tal pecado sólo es perdonable si al pecador se le considera enfermo incurable, cosa negada rotundamente por la ciencia. Tanto sofisma ilógico pretende imponerse a la ley democrática que reconoce y garantiza un derecho humano fundamental (acto, pues, de clara inspiración cristiana) y no pasa de ser la opinión sin fundamento de unos supervisores de la moral pública (episcopus, supervisor) aquejados de visión miope en cuestión tan sensible para la dignidad de la persona.
El arzobispo de Toledo, señor Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, aseguró que tanto España como las comunidades autónomas que busquen o pidan alguna clase de autodeterminación o la plena independencia tendrán que buscarse otras señas de identidad nacional porque la cristiana era la unificadora desde el tercer concilio de Toledo en tiempo de los reyes godos. El arzobispo denuncia el olvido que hoy sufren los Reyes Católicos, esos grandes patriotas que expulsaron de España a musulmanes y judíos. Se queja de que, en su opinión, la comunidad andaluza ha optado en su nuevo Estatuto por sus raíces islámicas en vez de las cristianas. Siguiendo por esta línea, el señor Cañizares afirma que, detrás del actual intento de romper la unidad del Estado, hay un proyecto cultural desintegrador y laicista del Gobierno, que atenta, a través de la Ley de Educación, contra los derechos humanos y la democracia. Y sentencia el obispo: "Frente a esta situación surge el totalitarismo". Aunque no aclara a cual se refiere, su enfrentamiento hace suponer que se trata de su propia actitud integrista y totalitaria, compartida claramente con el Partido Popular.
Tal cúmulo de barbaridades sin sentido sólo es posible si se mantiene la idea medieval de una cristiandad de reinos católicos carentes de otra identidad nacional que no sea la religión común y la obediencia al Papa de Roma. Todo ello opuesto a la realidad civil democrática del Estado moderno. La unidad estatal y la legítima voluntad de crear otros nuevos o de ejercer una autonomía política dentro de un mismo Estado nada tiene hoy que ver en España con la fe católica de un gran sector ciudadano. Por paradoja, la única excepción sería la inspiración cristiana que dice animar precisamente el autonomismo de los partidos democristianos vasco y catalán, PNV y UDC.
Las peregrinas ideas del prelado se oponen a la conocida doctrina católica sobre la separación colaborante de la Iglesia y el Estado, que reproduce nuestra Constitución, y echan leña al fuego que, contra la democracia liberal española, propaga nuestra extrema derecha más reaccionaria y anticonstitucional, única destructora en la práctica de la unidad de una España cristianamente convivente en el respeto entre todas las creencias religiosas y políticas.
J.A. González Casanova (Catedrático de Derecho Constitucional)
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